Declaración LALICS
28 de septiembre de 2021
El Comité Científico de LALICS expresa su máxima preocupación por la actual situación en la que está inmersa la comunidad científica, tecnológica, académica y del sector productivo en México.
I. El contexto
El 24 de agosto de 2021 se dio a conocer que un grupo de 31 personas compuesto por científicas, científicos, administradoras y administradores de la ciencia que han ocupado posiciones de servicio público, de 2013 a 2019, en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) enfrentan una acusación por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ante un juez del Centro de justicia penal anexo a la cárcel de máxima seguridad “El Altiplano”. La acusación comprende los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La imputación hecha por la Fiscalía supone prisión preventiva oficiosa, de manera tal que el proceso judicial se debe seguir en una prisión para delincuentes de la mayor peligrosidad y con alta probabilidad de fuga.
El juez no encontró elementos suficientes para justificar la configuración de una organización delictiva ni para confirmar la participación de cada persona imputada en los delitos caracterizados. A su vez, fijó un plazo de 15 días hábiles para que la Fiscalía integrara de manera adecuada la denuncia y argumentara en consecuencia. El 20 de septiembre pasado, un medio de prensa de la Ciudad de México filtró la información del caso y, coincidentemente, la Fiscalía lo presentó de nuevo. En presencia de una amplia difusión mediática y de una confrontación de posiciones sobre la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas, el 21 de septiembre el juez dictó una sentencia definitiva ratificando que la acusación no contiene los elementos adecuados ni la evidencia que respalde, prima facie, la comisión de los delitos imputados. Ese mismo día la Fiscalía comunicó su desacuerdo con la sentencia y el 22 el fiscal del caso la objetó y reiteró, en comparecencia pública, que según su parecer las personas acusadas habían cometido delitos graves de desvío de recursos públicos para fines ilícitos y habían ocasionado un daño patrimonial al erario. En consecuencia, anunció que la Fiscalía volvería a presentar el caso por tercera vez.
El argumento principal de la acusación es que el FCCyT se había constituido como una Asociación Civil, entidad de derecho privado sin fines de lucro, y que la recepción de recursos públicos para sus actividades de participación de las partes interesadas y para los procesos de consulta constituían una desviación de fondos hacia fines privados, incluso personales, y la consumación de acciones al margen del interés de la ciencia nacional.
Estos son los hechos que hoy mantienen en tensión a instituciones, organizaciones y comunidades de las actividades de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). El clima predominante es comprobable por medio de las decenas de comunicados emitidos por muchas instancias relacionadas con esas actividades.
El FCCyT se creó en el 2002 mediante la Ley de Ciencia y Tecnología como parte del Sistema de Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de México, siendo un organismo de consulta autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, el Consejo General de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, máximo órgano de orientación de las políticas en la materia, y de la Junta de Gobierno del CONACYT. De acuerdo con la Ley vigente, se conformó como un espacio de encuentro entre las comunidades mencionadas y desde el inicio de su operación, constituido como una asociación civil, recibió financiamiento público, tal y como lo indicaba la misma Ley. La Mesa Directiva, también por Ley, está integrada por: 20 representantes de la academia y del sector empresarial; 17 de ellos son titulares de diversas organizaciones y tres pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y son electos por sus pares para ocupar esta posición. Las organizaciones son: Academia Mexicana de Ciencias; Academia Mexicana de Historia; Academia Mexicana de la Lengua; Academia de Ingeniería de México; Academia Nacional de Medicina de México; Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo; Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C.; Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; Confederación Patronal de la República Mexicana; Consejo Consultivo de los Centros Públicos de Investigación CONACYT; Consejo Nacional Agropecuario; Consejo Mexicano de Ciencias Sociales; Instituto Politécnico Nacional; Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología; Universidad Nacional Autónoma de México; los investigadores electos por sus colegas son de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, de Ingeniería y Tecnología y de Medicina y Ciencias de la Salud. Esta Mesa, según la Ley, nombra a la persona que coordina el FCCyT.
Hoy, ante cambios en el enfoque hacia la CTI y los actores involucrados, la actual administración de CONACYT propone que los recursos destinados al Foro siempre tuvieron un carácter ilegal, pues se discrepa en la manera en la que se implementó la legislación en el pasado. Esta situación se enmarca en un debate entre la actual administración de CONACYT y administraciones anteriores de esta institución y del FCCyT, involucrando a miembros de las comunidades de CTI.
II. Nuestras consideraciones
En atención a los hechos expuestos y a las condiciones que generan para las actividades de CTI, el Comité Científico de LALICS considera lo siguiente:
- Expresamos nuestro apoyo irrestricto a la rendición de cuentas, la transparencia en las acciones y el uso socialmente responsable de los recursos y mecanismos del Estado mexicano. Las acciones encaminadas a realizar estas tareas deben ser implementadas con total apego a la Ley y a su espíritu de velar por los intereses nacionales. La sentencia MI/SS/D/9941/2021 de la Suprema Corte de Justicia de México, la más alta instancia judicial, emitida el 17/08/2021 al respecto de los hechos expuestos, declaró legal el uso de los recursos públicos que fueron proporcionados al FCCyT, por hacerse en cumplimiento con las normas vigentes entre 2013 y 2019. Ante ello, pensamos que es claro que el problema central es la definición de prioridades y formas de administración de los recursos públicos dedicados a la CTI. Creemos que lo mejor para estas definiciones es el diálogo entre las comunidades CTI, para lo cual es indispensable un ambiente de confianza y apertura. La insistencia en un proceso legal, que ya ha sido desestimado por el sistema judicial mexicano en dos oportunidades y que incluye acciones que implican la privación de libertades en cárceles de máxima seguridad, empaña la posibilidad de que las diferentes posiciones sobre las políticas públicas de CTI puedan ser planteadas y se construyan puentes entre ellas a favor del país.
- El sistema institucional es clave para el desarrollo de la CTI; este comprende tener reglas claras para la operación, que generen certidumbre y confianza entre los actores. Desde ahí, la valoración de instancias de forma retroactiva bajo marcos institucionales nuevos (en este caso no existentes durante la operación del FCCyT o del CONACYT anteriormente), no es una señal alentadora para el fortalecimiento del estado de derecho y de la institucionalidad democrática de México, un país que ha sido pionero en el desarrollo de políticas públicas de CTI en la región.
- Lo anterior, no implica que los sistemas de CTI no evolucionen. La adecuación de las instituciones, programas e instrumentos según los intereses sociales y de los nuevos actores en las políticas de CTI es un proceso necesario para acompañar el desarrollo de cualquier país. En este sentido, la actual administración de CONACYT está en la legítima posición de reformar o eliminar instancias existentes en el pasado y goza de pleno derecho de hacerlo como parte de sus funciones sustantivas, en concordancia con los mecanismos institucionales diseñados para ejecutar las reformas que se consideren necesarias y en el marco de un amplio diálogo social.
III. Nuestras propuestas
El desarrollo y evolución de las políticas públicas de CTI requiere consensos y mecanismos de diálogo democrático en el que se puedan generar espacios de encuentro, confianza y solidaridad, imprescindibles para el uso del conocimiento en favor del bienestar social. Por esta vía, el Comité Científico de nuestra red LALICS:
- Solicita respetuosamente a la Fiscalía General de la República que reconozca la sentencia MI/SS/D/9941/2021 de la Suprema Corte de Justicia sobre los recursos del FCCyT y retire las imputaciones de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esta solicitud la realiza con el fin de retornar a la cordialidad necesaria para que dialoguen los sectores sociales del país, particularmente aquellos más cercanos a los procesos de formulación de las políticas públicas de CTI; de manera tal que los entes interesados en la materia orienten la energía y los recursos del Estado hacia el impulso de las soluciones de los problemas nacionales.
- Emite un voto de confianza a nuestra colega, la Dra. Gabriela Dutrénit – reconocida investigadora, nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, profesora distinguida de la UAM Xochimilco, fundadora y presidenta de nuestra red- quien ha contribuido con el desarrollo de la política de CTI en México y en la región, hoy implicada en este proceso legal por haber sido coordinadora del FCCyT durante el periodo 2012-2014. Además de la participación en México, la Dra. Dutrénit ha ejercido cargos de representación y de administración de recursos en numerosos proyectos científicos internacionales durante las últimas tres décadas. Los ejercicios presupuestales de dichos proyectos han estado sometidos a las auditorías de los organismos internacionales que han provisto el financiamiento. Nos consta que, en todas las auditorías de esta índole, se ha obtenido resultados aprobatorios sobre la gestión de los recursos e, incluso, reconocimientos sobre la eficiencia en su uso para generar múltiples productos científicos en la frontera del conocimiento.
- Hace una invitación abierta y respetuosa a las autoridades mexicanas para que construyan un espacio de coordinación, en el que las diversas voces y visiones del país tengan la oportunidad de ser debatidas con amplitud y se generen así condiciones necesarias para que la CTI pueda acercarse cada vez más a la solución de los graves problemas sociales que aquejan a México y que requieren de un diálogo plural.
- Exhorta, a la sociedad mexicana y a sus organizaciones, a propiciar espacios de articulación de políticas de CTI plurales y participativos que permitan abordar, de forma creativa e innovadora, los desafíos del país.
Toda energía y recurso disponible para las actividades de CTI se requiere para enfrentar los enormes retos sociales: enfoquémonos en acciones por el bienestar colectivo, generemos confianza, apoyo y colaboración entre los distintos actores sociales, busquemos nuevas maneras de consensuar puntos de vista encontrados. Todas las personas relacionadas con las políticas de CTI nos debemos a nuestras sociedades. México, así como los otros países de América Latina y el Caribe, cuentan con LALICS para desarrollar este gran trabajo.
Dra. Mariela Bianco (Uruguay)
Dr. Victor Gómez-Valenzuela (República Dominicana)
Dr. João Marcos Hausmann Tavares (Brasil)
Dr. Marcelo Matos (Brasil)
Dr. Matías Federico Milia (México)
Dr. Hernan Alejandro Morero (Argentina)
Dr. José Miguel Natera (México)
Dr. Jeffrey Orozco (Costa Rica)
Dr. Martin Puchet (México)
Dr. Danilo Spinola (Reino Unido)
Dra. Lilia Stubrin (Argentina)
Dra. Diana Suárez (Argentina)
